CDMX 14 de mayo del 2021.-La Secretaría de Gobernación, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), asesoró a personas servidoras públicas del orden estatal y de varios municipios del estado de Chiapas en el conocimiento de derechos humanos de la niñez y adolescencia migrante.
La jornada se llevó a cabo de manera virtual y versó especialmente en fortalecer lo que se ha denominado ‘Ruta de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración’, en dicha entidad.
Los temas fueron expuestos por las jefas de departamento de Enlace, Carla Trujillo Uribe, y de Vinculación con Instancias Públicas, María Teresa Cortés Rojano, ambas de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna.
Conforme al principio toral del Gobierno de México y de la Secretaría de Gobernación sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos, se subrayó que todas las personas servidoras públicas del orden federal, estatal y municipal deben promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos a la población integrada por niñas, niños y adolescentes en condiciones de migración y refugio.
Asimismo, en el encuentro digital convocado por la Secretaría Ejecutiva del Sipinna de Chiapas se insistió que, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se debe cumplir con el principio constitucional establecido en el artículo 4, en torno al Interés Superior de la Niñez, y garantizar sus derechos humanos, por lo que los niños y las niñas, incluidas personas migrantes, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Se señaló que niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados o no acompañados, son sujetos de sus derechos humanos, por lo que no es algo que las personas adultas concedan a discreción a la población de 0 a 17 años.
Por lo tanto, se subrayó que las personas servidoras públicas del orden federal, estatal y municipal son corresponsables de garantizar su protección integral, pero solo es posible si se realiza un trabajo participativo y colaborativo con conocimiento pleno de lo que les compete y la capacidad para informarlo a niñas, niños y adolescentes en tránsito o solicitantes de refugio.
De ahí que se remarcara la necesidad de fortalecer en el estado de Chiapas la ‘Ruta de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración’ ante el incremento de movimientos migratorios desde Centroamérica, en que niñez y adolescencia huyen de altas condiciones de violencia (feminicidios, ejecuciones, agresiones sexuales y otras), así como pobreza y orfandad ante la muerte de padres, madres o familiares.
A este contexto, se suman situaciones de xenofobia, odio, racismo y discriminación que enfrentan en el viaje.
Por ello, se apuntó sobre la importancia de esta ruta porque es el proceso de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para protección de niñas, niños, adolescentes migrantes y solicitantes de la condición de refugiado, y que –cabe recordar– está construida con enfoques de género, comunitario, de no devolución y no detención en estaciones migratorias, entre otros.
Asimismo, la ruta permite que las autoridades se preparen ante la llegada de la población migrante de 0 a 17 años, para que cuando ingrese a territorio nacional y sea detectada, tengan medidas urgentes de salud y alojamiento y se emitan medidas para su protección. En el contexto de los hechos específicos de un caso, se deben identificar los elementos pertinentes para evaluar el Interés Superior de la Niñez y se deberá dotar a dichos elementos de contenido concreto, para posteriormente ponderar su relevancia.
En este sentido, se planteó que algunos de los elementos a considerar son: edad, sexo, identidad, grado de madurez, pertenencia a un grupo minoritario, existencia de una discapacidad física, sensorial o intelectual, contexto social y cultural, así como presencia o ausencia de madres o padres.
Igualmente, deben tener lugar consideraciones sobre la situación de vivienda (si vive con madres, padres, personas tutoras u otras que funjan como cuidadoras), calidad de la relación con su familia, entorno en relación con la seguridad y la existencia de medios alternativos de calidad a disposición de la familia, familia ampliada o personas cuidadoras con quienes cuenta, por mencionar solo algunos.
Bajo estas premisas, la ruta señala que la restitución de los derechos de niñez y adolescencia migrante y solicitante de la calidad de refugio conlleva una condición migratoria regular, servicios de salud, identidad, educación, justicia con derecho a representación jurídica y alojamiento adecuado (no en estaciones migratorias).
Ello, para que cuando las autoridades hayan reestablecido estos derechos se informe a las procuradurías estatales de protección de niñas, niños y adolescentes que dan seguimiento a las medidas y se cercioren que todos los derechos están garantizados.
La asesoría contó con la presencia virtual de personas servidoras públicas estatales y de municipios como San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tuxtla Chico, Tonalá, Arriaga, Las Margaritas, Frontera Hidalgo, Comitán, Pijijiapan, Ocosingo y Motozintla, entre otros.